Fuente: diariodeleon.es -- l. urdiales | redacción
La patronal exige que se modifique ya la normativa del Reglamento del Carbón
La minería se enfrenta a una paradoja: si una empresa se acoge a las ayudas planteadas en el reglamento del carbón deberá cerrar en el 2018, debido a la obligatoriedad de devolver ese dinero adelantado como incentivos. Y si no se acoge a las ayudas deberá acometer el cierre de inmediato debido a que. hoy, sin esa prestación el sector minero resulta inviable.
Por esta premisa, la patronal minera ha respondido al Gobierno con un plan de cierre sectorial, en el que ha habido un acogimiento colectivo a las ayudas propuestas en la normativa que ampara la intervención en el mercado del carbón. Además, desde Carbunión le han hecho llegar al ejecutivo, al Ministerio de Industria, la necesidad de abordar una modificación de las cláusulas que regulan la devolución de los incentivos a la vuelta de siete años mediante la vía política o la judicial.
Para los empresarios mineros, representados ayer en la comisión laboral de seguimiento al Plan del Carbón, el nuevo panorama energético internacional justifica por sí mismo la eliminación de varios epígrafes del reglamento que recibió el parabién de Europa. Incluido el alza de las materias primas, también el mineral que se compra en el mercado internacional. Para ello exigen al Gobierno que trate de lograr apoyos para que se corrija el sentido finalista que tiene el sistema de ayudas al carbón además abordar la vía judicial, como ya han hecho Carbunión y las comunidades de Castilla y León, Aragón y Asturias, y recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo la normativa actual que conduce al cierre a la minería.
Protestas por los ERE. En la misma mesa en la que se abordó el plan de cierre sobre el que discrepa la patronal minera, los sindicatos opusieron lo que entienden como un «claro incumplimiento» de los acuerdos del Decreto del carbón a cerca de la retirada de los Expedientes de Regulación de Empleo. Las empresas argumentan que el regreso a la normalidad laboral ha de ser ajustada al rodaje del plan que se aplica desde nace menos de un mes y que contempla hasta tres meses desde el regreso del carbón a las térmicas para ajustar la reincorporación de todos los productores a sus puestos de trabajo. Desde Las organizaciones sindicales, consideran que «es necesario que se ponga a discusión el tema de los plazos de cierre de las empresas porque es un asunto de mucho calado que no debería de haberse planteado en los términos en los que lo está haciendo el Gobierno o, al menos, éste debería haber convocado, como acordamos tras el encierro de septiembre, el grupo de trabajo que debe de abordar el futuro del sector y la manera en la que se aplicaría el nuevo reglamento de la UE, pero el Gobierno no ha tenido a bien todavía cumplir este punto que acordamos cuando abandonamos el encierro hace ya bastantes meses», según recoge La Nueva España en relación a las manifestaciones del Secretario de Industria Extractivas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana. Para el Secretario de Minería de FIA-UGT, Víctor Fernández, «esta petición urgente de los planes de cierre a las empresas lo está llevando a cabo Industria de manera unilateral».
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