Los reguladores financieros y la policía de Reino Unido han logrado un éxito judicial en su pelea contra los casos de fraude a inversores a través de la venta de acciones de empresas ficticias, en muchos casos realizada desde sociedades ubicadas en España.
Un juzgado de Londres condenó a tres personas a un total de 19 años de cárcel por timar a 1.700 inversores, de los que captó 27,5 millones de libras (31,5 millones de euros) para invertir supuestamente en empresas con planes de salir a bolsa. De esta cantidad, 14 millones de libras fueron desviados desde Reino Unido a cuentas bancarias en España, Malta y Lituania.
La sentencia indica que los acusados “conspiraron para adquirir, transferir y vender millones de acciones de escaso o nulo valor, o incluso inexistentes, a víctimas en Reino Unido”.
Los condenados son Tomas Wilmot y dos de sus hijos, que entre 2003 y 2008 gestionaron un total de 16 centros de atención telefónica desde los que se realizaban las llamadas a las potenciales víctimas para convencerles de la inversión. La mayor parte de esos oficinas estaban situadas en España.
Además de los centros telefónicos, la familia Wilmot creó una red de sociedades y cuentas bancarias para desarrollar su fraude. Con el objetivo de convencer a los inversores de la existencia y buenas perspectivas de las empresas ficticias en las que poner el dinero, creaban páginas en Internet e incluso publicaban falsos informes de analistas.
Tracey McDermott, director del regulador financiero británico (FSA), asegura que “se trata de un fraude sofisticado que utilizaba estructuras fuera del país para lavar el dinero, poner distancia entre los Wilmot y las oficinas desde las que se gestionaba la operación y para tapar la naturaleza real del negocio”.
Expatriados británicos
Este tipo de fraude se conoce como como boiler room, (cuarto de calderas) porque se ejecuta en salas clandestinas donde se llama por teléfono a potenciales inversores para que inviertan en empresas inexistentes o sin valor. Según datos de la FSA provoca unas pérdidas anuales de unos 200 millones de libras a los inversores británicos y crece cada año. En muchos casos, indica el supervisor, los timados son personas de elevada edad o con serias enfermedades. Una persona llegó a perder 6 millones de libras.
Fuentes policiales indican que el motivo de que España sea el lugar desde el que se ejecutan buena parte de estos delitos no tiene que ver con que existan facilidades regulatorias o legales para operar en ese país. Más bien, se atribuye a la existencia de una amplia comunidad de expatriados británicos en España, lo que facilita el desarrollo de las operaciones sin levantar sospechas, y a que los propios criminales eligen esa zona para disfrutar de un buen nivel de vida.
También permite contratar a ingleses para que se encarguen de realizar las llamadas telefónicas a las víctimas. Además, al tratarse de un país europeo, existen pocas barreras para la transferencia de dinero, personas o activos hacia Reino Unido.
Los reguladores financieros y las policías de España y Reino Unido llevan años colaborando para atajar este fraude. El pasado mes de mayo, por ejemplo, la Guardia civil detuvo a 15 personas en Mallorca acusadas de trabajar en un boiler room. En el caso de la familia Wilmot, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es uno de los organismos que ha colaborado en la investigación.
El cuarto de calderas
El fraude financiero más extendido en Reino Unido es conocido como boiler room (cuarto de calderas). Cada año, este tipo de operaciones fraudulentas capta unos 200 millones de libras, dinero que suele ser desviado a cuentas opacas en países offshore.
La pérdida media para cada uno de los timados es de unas 20.000 libras, según la FSA. Muchos de estos esquemas delictivos son desarrollados desde España por ingleses que ubican en este país sus boiler rooms.
Sólo en lo que llevamos de agosto, la FSA ha incluido 19 nombres en su lista de sociedades extranjeras que podrían estar implicadas en fraudes a inversores británicos.
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