El juez indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones constituye indiciariamente un delito de prevaricación judicial
El magistrado Alberto Jorge Barreiro dicta auto de apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales al haber intervenido las conversaciones en prisión de algunos abogados con los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Entre los letrados que se querellaron contra Garzón figura José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa. Jorge sostiene que el objetivo de la medida acordada por el juez de la Audiencia nacional era el de "dominar la evolución de una causa judicial de gran trascendencia mediática"
El Tribunal Supremo abre el segundo juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. El magistrado Alberto Jorge Barreiro concluye su investigación y atribuye a Garzón un presunto delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Delitos que habría cometido al intervenir las comunicaciones en prisión de algunos abogados del caso Gürtel con los principales cabecillas de la trama. La querella que dio origen a este proceso la presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado José Luis Ulibarri. A esta querella se sumó, José Antonio Choclán, letrado del presunto jefe de este entramado de corrupción, Francisco Correa.
El magistrado instructor sostiene en su auto que Garzón decidió "acceder indebidamente" a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía seguridad de conseguir mediante la utilización de medios lícitos". El objetivo, añade Jorge, era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación" y concluye subrayando que conociendo la estrategia de defensa o los datos confidenciales que los internos pudieran proporcionar a sus abogados "dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Todavía le queda una posibilidad a Garzón, aunque sea más que remota. Que la sala de lo penal acepte alguno de los recursos que aún tiene pendientes de resolver.
Las causas de Garzón en el Supremo
Primero fue el magistrado Luciano Varela el que dictó auto de apertura de juicio oral contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo. Lo hizo resolviendo en un tiempo récord siete recursos para así conseguir que Baltasar garzón se incorporara como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suspendido de sus funciones como juez.
Los querellantes fueron los colectivos Manos Limpias, Libertad e Identidad y también la Falange, aunque Varela terminó por excluirla del proceso. La presencia de Falange en la causa hizo que fueran muchas las voces nacionales e internacionales que criticaran al Supremo por permitir que la extrema derecha sentara en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.
El asunto está ahora pendiente de las recusaciones que ha presentado Garzón contra cinco de los siete magistrados que deben juzgarle. Las recusaciones, en un hecho sin precedentes, fueron parcialmente apoyadas por la Fiscalía. Uno de los cinco recusados, el magistrado Joaquín Giménez, ha decidido apartarse voluntariamente del asunto al aceptar los argumentos del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez - Fresneda. Los otros cuatro se han opuesto a ellas y ahora la sala especial del artículo 61 es la que tiene la última palabra.
Ahora ha llegado el turno del caso Gürtel. Paradójicamente, Garzón será el primero en sentarse en el banquillo por este caso de corrupción que salpica a decenas de dirigentes del PP en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, Castilla León y la Comunidad Valenciana.
Prevaricación y cohecho. Esos son los delitos a los que se enfrenta el magistrado de la Audiencia Nacional en la tercera de las causas que tiene abierta en la sala penal del Tribunal Supremo. La querella la presentaron los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. En este caso le acusan de recibir subvenciones del Banco Santander para organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York. Esto, por sí solo no es delito pero los querellantes vinculan esas subvenciones con el archivo de una causa contra los directivos de esta entidad bancaria que acordó Garzón cuando se reincorporó a su puesto en la Audiencia Nacional. Archivo que propuso la Fiscalía y que fue confirmado por la sala de lo penal de la Audiencia. A pesar de todo, el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, sigue con la instrucción que tiene el mismo común denominador que las otras dos: rechazar las pruebas solicitadas por el querellado.
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